La crisis aprieta y está comenzando a ahogar. La coyuntura económica del país está empujando a un gran número de personas a las colas del paro. El desempleo lleva en muchas ocasiones emparejada la situación de insolvencia, que ya ensombrece la vida de muchos ciudadanos. Cuando el dinero escasea aumentan los impagos, con todas las consecuencias que eso conlleva.

Uno de los sectores que viene arrastrando estos problemas es el inmobiliario. Según se desprende del 'IV Estudio Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) sobre la morosidad de arrendamientos', los impagos de las cuotas de los alquileres se han disparado en los últimos años. De hecho, este documento revela que la deuda en los pagos del alquiler de pisos y viviendas en la provincia de Badajoz aumentó en 2010 un 7,32% con respecto al año anterior. De esta forma, según figura en los cálculos de esta publicación, los inquilinos deudores deben ya un importe medio de 4.105 euros por los arrendamientos en la provincia pacense.

Es una tendencia que viene de años atrás. Sin ir más lejos, en 2009 la media de morosidad de los arrendatarios se situaba en 3.879 euros, cifra que suponía un 11,4% más que en 2008, periodo en el que el importe medio que debían los incumplidores por el alquiler suponía alrededor de 3.400 euros.

La escena es mucho más amarga cuando se llega al desahucio. Una situación extrema por la que pasaron casi un centenar de familias solo en la capital pacense el año pasado. Concretamente, según informó el superintendente jefe de la Policía Local, Juan José Venero, los agentes municipales intervinieron en 95 casos de desahucio durante 2010, casi el doble que en 2009 cuando la Policía Local registró 52 sucesos de este tipo.

Según señaló Venero, este aumento se explica por el recrudecimiento de la crisis y cómo está afectando a las economías domésticas. Es ya un hecho que cada vez son más las familias y empresas que están atravesando serios problemas económicos, lo que dificulta que puedan atender a tiempo las obligaciones financieras contraídas a lo largo del tiempo, ya sea con otro sujeto o entidades bancarias, y esto a su vez comienza a pasar factura a terceras personas.

En estos casos, los propietarios de pisos y viviendas en alquiler también se exponen a escabrosas dificultades. Como sus inquilinos no les pagan, ellos no cobran. Tanto es así, que las agencias inmobiliarias han notado que cada vez hay más usuarios que se encuentran en esta encrucijada. Las incidencias relacionadas con la morosidad han aumentado en el mercado de los alquileres de inmuebles y como consecuencia estas entidades han incrementado los controles a los interesados en entrar a vivir a una vivienda de arriendo. «Los impagos en las cuotas de alquiler han aumentado, igual que en otros sectores, como el bancario. Se viene notando en los últimos dos o tres años, y se ha agudizado en el último año y medio», explica Alberto García Sardiña, gerente de Habitat Inmobiliaria.

Ante las quejas de los titulares de los domicilios arrendados, las agencias inmobiliarias que actúan como intermediarios se informan más sobre el inquilino y exigen mayores garantías. «El propietario pide más información sobre la persona que va a ocupar el piso, consultamos su situación laboral, solicitamos nóminas, nos ponemos en contacto con su entidad financiera para saber si atiende los pagos, etc. En este momento estamos rechazando posibles inquilinos si no se ve claro que van a poder hacer frente al desembolso. El propietario prefiere tener el piso sin alquilar antes que alquilárselo a alguien que no de la seguridad de que le vaya a pagar la mensualidad», indica García Sardiña.

Con él coincide Joaquín Toledo, encargado de Inmoverde. Toledo manifiesta que los arrendadores son ahora más precavidos que nunca a la hora de alquilar sus propiedades. «Nos piden hacer más indagaciones y buscamos el perfil de usuario que quiere. Nosotros al inquilino le trasladamos las condiciones que exige el dueño», agrega.

Desde la Unión Provincial de Consumidores indican que si la morosidad se sigue generalizando es muy probable que se comiencen a reforzar y endurecer esas exigencias. De hecho, en ciertos casos a la hora de alquilar una vivienda o local ya se están solicitando dos meses de fianza en lugar de uno y avales bancarios. Esta práctica es muy común en otras comunidades autónomas, pero cuesta implantarla en la provincia de Badajoz, según aseguran los agentes comerciales de las inmobiliarias. «Se intenta pero cuesta. Un aval bancario vale dinero y su tramitación es compleja. Cuando se presenta esa posibilidad al inquilino es difícil que la acepte», manifiesta García Sardiña.

Ambos también apuntan que, por mucho control y trabajo previo que se realice respecto al ocupante, no se puede evitar que éste deje de pagar en algún momento porque se quede sin ingresos. «Es algo que nunca se sabe si va a suceder. Por mucha seguridad que quieras darle, si el inquilino resulta moroso es incierto en las contrataciones. No se sabe hasta que no llega el momento del impago», aseveran.

Roberto Serrano, director provincial de la Unión de Consumidores, apunta que esta organización lo único que puede hacer en estos casos es dar información o asesoramiento a los afectados. «No podemos hacer nada porque son contratos entre particulares. La única posibilidad que hay es recurrir a la vía judicial», sentencia.

«Los impagos en las cuotas de alquiler han aumentado, igual que en otros sectores, como el bancario. Se ha agudizado en el último año y medio»

«Los propietarios nos piden más información sobre los inquilinos y buscamos el perfil que quiere. Nosotros al arrendatario le trasladamos las condiciones que exige el dueño»